El diputado de Creemos, Erwin Bazán, acusó a los aliados de Tuto del FRI de aprobar estos contratos para desviar atención del caso Camacho. «Quieren ocultar negociados tras una falsa legalidad», afirmó. Sin embargo, Hernán Hinojosa, presidente de la Comisión de Economía, defendió el proceso: «Todo se ajustó al reglamento».

Pero el malestar crece: Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, denunció que la votación fue irregular y habría «compra de votos». Mientras tanto, en Cochabamba, Gonzalo Pérez, portavoz de los autoconvocados, declaró estado de emergencia y advirtió: «No permitiremos que regalen nuestro litio».

Las críticas se centran en la empresa rusa Uranium One Group, acusada de opacidad. Sectores sociales exigen transparencia, pero el oficialismo insiste en que los contratos son «vitales para la industrialización».

La tensión política y social escala, con rumores de nuevas protestas. El litio, la joya de Bolivia, ahora también es campo de batalla entre el gobierno, la oposición y un pueblo que exige respuestas.