La inhabilitación de Jaime Dunn como candidato presidencial de Nueva Generación Popular (NGP) ha desatado una tormenta política, con acusaciones directas contra la Alcaldía de El Alto, liderada por Eva Copa. Dunn fue excluido del proceso electoral bajo el argumento de una supuesta deuda con el municipio, pero su partido asegura que se trata de un montaje orquestado para eliminar a un rival incómodo en plena campaña. «Esto es mano negra pura. Presentamos documentos que demuestran que Dunn está al día, pero hay intereses políticos detrás», denunció un dirigente de NGP durante una vigilia frente al Tribunal Electoral de Santa Cruz.

La denuncia central apunta a una supuesta persecución política coordinada desde el gobierno municipal alteño, aliado al MAS, para debilitar a un candidato que amenaza su hegemonía en la ciudad. Fuentes de NGP revelaron que la inhabilitación se basó en un informe «amañado» de la Alcaldía, que habría falsificado registros para justificar la deuda. «Es inadmisible que se use el aparato estatal para eliminar opositores. Esto mancha el proceso electoral», agregaron. Mientras tanto, simpatizantes de Dunn preparan movilizaciones en La Paz y El Alto si el TSE no revierte la decisión en 48 horas.

El caso ha reavivado el debate sobre la neutralidad de las instituciones electorales. El TSE, bajo presión, anunció que resolverá el recurso de apelación antes del 5 de julio, pero NGP insiste en que el daño ya está hecho: «Si no restituyen a Dunn, ¿qué garantías hay para las elecciones?». Desde la Alcaldía, Eva Copa negó cualquier injerencia, aunque recordsmos que en mayo pasado calificó a Dunn de «oportunista». Analistas advierten que este conflicto podría escalar a una crisis de legitimidad electoral, especialmente si se demuestra que hubo manipulación de documentos públicos.