El Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, alertó este martes que el mapa de conflictividad electoral en Bolivia se ha ampliado más allá del Chapare, identificando al menos 7 nuevas zonas de alto riesgo donde podrían registrarse actos violentos durante el proceso electoral del 17 de agosto. Entre los puntos críticos mencionó: Llallagua (Potosí), Plan 3000 (Santa Cruz), El Alto (La Paz), Riberalta (Beni), Sucre (Chuquisaca), Tarija (capital) y Cobija (Pando). «La Policía debe desplegarse con anticipación en estos territorios donde persisten tensiones políticas y sociales», exigió Callizaya durante una conferencia de prensa.

El informe de la Defensoría detalla que en estas zonas se han registrado conflictos postelectorales en 2020, ataques a sedes políticas en los últimos 3 meses y presencia de grupos armados irregulares. En Llallagua, por ejemplo, persisten enfrentamientos entre facciones políticas tras los violentos incidentes de julio; mientras que en Plan 3000 operarían células vinculadas al narcotráfico que intentarían influir en los resultados. Callizaya instó al TSE, al Ministerio de Gobierno y a los partidos políticos a firmar un «Pacto de No Violencia» específico para estas regiones.